Ante la violencia extrema y la omisión del Estado, Pueblos Indígenas documentan desapariciones y agresiones digitales
Ante la violencia extrema y la omisión del Estado, Pueblos Indígenas documentan desapariciones y agresiones digitales
- Documentación comunitaria revela que los datos oficiales no reflejan la magnitud de las desapariciones en contextos indígenas.
- La violencia digital reproduce las agresiones que enfrentan los Pueblos Indígenas en la defensa de sus territorios.
- Las investigaciones evidencian la necesidad de generar datos desagregados por pertenencia indígena para atender estas violencias.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y cerca de una conmemoración más del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Voces del Territorio presenta los resultados de la documentación de casos de desaparición forzada y de agresiones digitales contra personas indígenas defensoras del territorio, como una manera de visibilizar estas violencias que frenan y limitan su labor.
Voces del Territorio, como una organización que realiza acompañamiento a comunidades indígenas que enfrentan una creciente violencia en la defensa de sus derechos, realizó esta documentación comunitaria en alianza con organizaciones internacionales, autoridades locales, organizaciones y activistas. El objetivo fue mostrar que los datos oficiales no están reflejando la realidad, identificó qué dimensiones de la problemática aparecen cuando la información se produce desde las comunidades y cuales permanecen visibles o dejan de serlo en el registro administrativo.
HALLAZGOS SOBRE DESAPARICIONES
La documentación se centró en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sonora, mediante 152 encuestas y 45 entrevistas en profundidad, busca comparar lo que viven los pueblos indígenas frente a lo que registran las instituciones públicas, por ejemplo identificar qué aspectos de la desaparición de personas indígenas son visibles en ambos espacios y cuales quedan ocultos o insuficientemente documentados, que difícilmente aparecerán en las estadísticas, o de identificar otras afectaciones comunitarias.
En cuanto a los autores de esta grave violación a derechos humanos, los testimonios señalan no solamente al crimen organizado (39 de 45) como perpetrador de las desapariciones, sino a autoridades municipales (19 de 45), estatales (17 de 45) y federales (14 de 44), incluyendo a las Fuerzas Armadas (10 de 44), ya sea por participación directa, colaboración o aquiescencia. Esto, conforme al derecho nacional e internacional, configura desaparición forzada.
En cuanto a las denuncias y búsqueda, los resultados muestran que:
– Casi la mitad de las personas desaparecidas son jóvenes, entre 18 y 30 años (46.7%)
– el 77.8% no contaba con ninguna información sobre la localización de su familiar
– el 60% reportó haber interpuesto una denuncia oficial ante autoridades; el 28.9% no tenía ninguna denuncia. Debido al desconocimiento de la existencia de las instancias, la desconfianza a las autoridades y la lejanía de los servicios.
– El 47.7% de las personas entrevistadas señaló que la familia estaba buscando sola y 20.5% reportaron que no había habido búsqueda. El 84.4% no había recibido apoyo gubernamental para la búsqueda.
Particularmente, encontramos evidencia de falta de información sobre la pertenencia a Pueblos Indígenas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). En los 26 municipios de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sonora consultados, el RNPDNO reflejó 21 registros de personas indígenas bajo las etnias específicamente consultadas frente a las 152 personas encuestadas que pertenecen a comunidades indígenas, que reportaron conocer al menos un caso de desaparición en su comunidad.
En cuanto a la seguridad e impactos en las personas entrevistadas, el 5.1% reportó que recibió amenazas de secuestro o desaparición; el 65.1% amenazas de muerte; y el 48.8% reportó deterioro de la salud mental. Entre las consecuencias fatales, se documentaron 21 casos de asesinato de personas cercanas o de encarcelamiento.
AGRESIONES DIGITALES
Esta investigación se realizó en las comunidades, purépecha de Michoacán, Zapoteca de Oaxaca y Yaqui de Sonora, con el respaldo de las alianzas con Indigenous People Rights Internacional (IPRI) y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), de autoridades y organizaciones locales.
La investigación identificó seis hallazgos principales:
- La violencia digital es una extensión de la violencia territorial que enfrentan los Pueblos Indígenas
- Persisten profundas brechas en el acceso y uso de la tecnología en comunidades indígenas
- Las mujeres indígenas son quienes enfrentan con mayor frecuencia ataques digitales, marcados por el machismo y el racismo.
- Los ataques digitales están vinculados a intereses políticos, empresariales y del crimen organizado
- Las comunidades han respondido fortaleciendo estrategias propias de resistencia, como medios de comunicación autónomos, mecanismos de control de la información y formas de organización colectiva
- La defensa del territorio también se desarrolla en el espacio digital, donde estas violencias afectan la autonomía, la organización comunitaria y el tejido social.
Persisten brechas importantes en el acceso a internet, sobre todo en los territorios de los Pueblos Indígenas, que padecen un rezago de infraestructura, electricidad, dispositivos y habilidades digitales; esto agrava los riesgos de violencia digital en la defensa del territorio.
Con ambas investigaciones se constata que la defensa del territorio se ha vuelto una causa para padecer violencia extrema, ya sea amenaza, agresión física o digital, desaparición forzada, o incluso asesinato, todos estos son actos de intimidación que buscan debilitar y limitar el ejercicio de la libre determinación, la defensa del territorio y la plena participación política.
Aún con acceso desigual y con vulneración de derechos, los pueblos indígenas se siguen organizando, resistiendo y defendiendo sus territorios, tanto en lo presencial como en el terreno digital. Como este ejercicio de documentación comunitaria que es uno de los pocos que se realiza en el país, una investigación encabezada por las propias personas indígenas. Por ello, se demanda a las autoridades generar datos desagregados por condición étnica y de género, que permita dimensionar y dar atención con pertinencia cultural a esta problemática que afecta de manera diferenciada a las personas y los pueblos indígenas.
Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=mp0cRLKuMrQ