En la región de los Altos de Chiapas, está una comunidad indígena tsotsil que ha levantado con valentía su voz

México, a 13 de junio de 2025.

A la opinión pública solidaria.
A los medios de comunicación.
A las instancias internacionales de Derechos Humanos.
A los pueblos indígenas de Chiapas, de México y del mundo.
Hermanos y hermanas:

para decirle al pueblo de México que temen por su vida. Desde el domingo 8 de junio, mientras tenían una reunión con presencia de niñas y niños en el patio de la iglesia de Tsajalch’en, escucharon detonaciones de arma de fuego que impactaron en el patio donde se encontraban y el techo de la cancha de basquetbol. Las diez personas que se encontraban ahí lograron esconderse y ninguna resultó herida; sin embargo, el miedo se fue haciendo presente.

Tsajalch’en es una de las comunidades que, en 1994, después del levantamiento zapatista, decidieron instalar en su territorio un campamento civil por la paz, con el objetivo de recibir personas desplazadas por la guerra. También es una comunidad fundadora de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Es importante recordar que esta organización histórica de los pueblos indígenas de Chiapas se conformó en el año 1992 como respuesta a un acto de represión, cuando fueron detenidas de manera injusta cinco personas indígenas de la comunidad de Tsajalch’en.

La justicia no ha llegado a Tsajalch’en, ni en los años noventa ni ahora; al contrario, la situación vivida por ellas y ellos como pueblo indígena esta semana es parte de un hilo de continuidad de violencia y omisión del Estado mexicano.

Como Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International (IPRI en México), hemos documentado la palabra de las personas que habitan esa comunidad y de las personas que sobrevivieron a la Masacre de 1997. Ellas nos han narrado cómo, desde el año 2021, cada vez que escuchan las balas vuelven a vivir lo ocurrido el 22 de diciembre de 1997, cuando fueron masacradas 45 personas de la comunidad de Acteal. Y hoy nos sumamos a las decenas de organizaciones que se han pronunciado en estos días para volver a decir: ¡Ya basta!

Especialmente nos preocupa la integridad y la seguridad de las personas que hoy tienen cargo como autoridad indígena, pues entre los agravios documentados esta semana conocimos del intento de criminalización contra una de las mismas cinco personas que en 1992 fue detenida injustamente. En esta ocasión, la detención fue solo por unas horas, también contra el agente municipal. Se pretendió criminalizar el ejercicio de sus sistemas normativos internos por procesar, de acuerdo con sus reglamentos internos, a una persona señalada por la venta de drogas. La autonomía y el autogobierno  es un derecho constitucional, consagrado en el derecho internacional, el gobierno del estado quiso interpretarlo como un acto criminal a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal[1].

Es urgente que las autoridades de los tres niveles de gobierno tomen las medidas necesarias y urgentes para garantizar condiciones de seguridad para la comunidad de Tsajalch’en y la región. Desde este núcleo de organizaciones que firmamos este pronunciamiento, reiteramos las exigencias que hicimos públicas cuando fue asesinado el sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez:

“Exigimos que el Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y con una amplia participación de la sociedad civil —especialmente de los pueblos indígenas—, diseñen una estrategia integral de seguridad no militarizada que contenga y atienda la operación de los grupos de la delincuencia organizada y los grupos armados. Además de promover espacios de reflexión, diálogo y formación en torno a la construcción de paz en las comunidades indígenas, con un énfasis en la seguridad ciudadana, los derechos humanos y en un marco de pertinencia cultural, respetando los derechos colectivos de los pueblos indígenas”.

Atentamente,

Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International-IPRI en México:
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Chiapas);
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Guerrero);
Colectivo Emancipaciones (Michoacán);
Colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij (Mujeres que se apoyan), CONAMI, ECMIA (Puebla);
Consultoría Técnica Comunitaria (Chihuahua);
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Yucatán);
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Jalisco);
Servicios para una Educación Alternativa A.C. – EDUCA (Oaxaca);
Voces del Territorio A.C.

[1]    La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), es una corporación especial de seguridad del Gobierno de Chiapas, diseñada para combatir al crimen organizado y proteger a la ciudadanía, implementada en 2024, con el inicio del actual gobierno del estado, frente a la ola de violencia desatada en Chiapas en los últimos meses.