NUESTRA PARTICIPACIÓN EN LAS DECISIONES NACIONALES NO DEBE SER EVENTUAL SINO ESTRUCTURAL: PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE MÉXICO.

NUESTRA PARTICIPACIÓN EN LAS DECISIONES NACIONALES NO DEBE SER EVENTUAL SINO ESTRUCTURAL: PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE MÉXICO.

En 1966, la Asamblea General de la ONU proclamó el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, instó a la comunidad internacional a poner sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial, este compromiso es olvidado con frecuencia cuando se trata de políticas y acciones dirigidas a grupos y comunidades históricamente excluidos.

Durante décadas la política indígena ha oscilado entre el reconocimiento discursivo y la administración asistencialista; sin embargo, en el marco jurídico nacional e internacional existen bases suficientes para una transformación profunda en la relación del Estado mexicano con los Pueblos Indígenas, más allá de coyunturas o políticas sexenales.

El artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada en los pueblos indígenas, reconoce el derecho a la libre determinación y autonomía, el respeto a sus formas propias de organización y sus sistemas normativos, un derecho reconocido gracias a la lucha de todos los pueblos organizados del mundo.

Las recientes reformas legislativas a nivel nacional y algunas prácticas institucionales han reconocido a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho público, lo cual valoramos como avance, pero insuficiente, ya que al parecer quiere reducirse a la trasferencia de recursos más allá del reconocimiento integral como sujeto político de derechos y con autonomía.

Por ello los pueblos y las organizaciones indígenas expresamos que la política hacia los pueblos indígenas no puede circunscribirse sólo a trasferencias monetarias, programas temporales, folklor o programas asistenciales de voluntad sexenal. Es necesaria la transformación de esa mirada hacia los pueblos. Es indispensable el reconocimiento y garantía de nuestra participación en las políticas y decisiones que nos afectan. Nuestra participación no debe ser eventual sino estructural y permanente.

Desde nuestro rol clave como actores políticos de decisión y participación en la construcción de este país y en el cuidado de la Vida. En el ejercicio de nuestro derecho a la participación en las decisiones que nos afectan. En el reconocimiento de nuestro aporte a la construcción, fortalecimiento y preservación de nuestro sistema de organización política, por ser los guardianes de la mayor diversidad y por nuestro sistema de conocimiento milenario que ha perpetuado la vida y con el cobijo del marco internacional y nacional vigente Exigimos al Estado mexicano:

1. El reconocimiento de los sistemas de gobierno y justicia que emergen desde nuestros pueblos. Nuestra justicia antepone la reparación del daño antes de ser punitiva como lo hace el sistema estatal y es necesario aprender de ella.
2. El respeto al territorio que es un activo de vida y no una mercancía. Alto a la imposición de megaproyectos, presas, minas, trenes en territorios indígenas que nos despojan del bien vivir y afectan gravemente la red de la vida.
3. Es urgente el establecimiento de mecanismos permanentes y vinculantes de consulta conforme lo establece el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.
4. Que los compromisos no se diluyan en discurso, que se traduzcan en políticas públicas claras y sostenibles, diseñadas con la participación de los pueblos indígenas, que materialicen condiciones de vida dignas.
5. El reconocimiento al cuarto nivel de gobierno es un avance, pero no puede quedar sólo en transferencia de recursos con condicionamiento externo o de fines electoreros, tampoco se trata de valorar las formas de gobierno local, sino de crear mecanismos claros de coordinación entre las comunidades, municipio y el Estado que permita el fortalecimiento de la autonomía real, territorial e integral.
6. Alto a la criminalización, desaparición y asesinato a las y los defensores del territorio.
7. No más desplazamiento forzado de personas indígenas, esto afecta gravemente a las mujeres y niñez, nos despoja de nuestra identidad y tejido colectivo.
8. La expedición de una ley reglamentaria del artículo 2º constitucional es un deber jurídico del Estado mexicano, pues garantiza que los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicano no queden en declaraciones, sino que se traduzcan en normas vinculantes que aseguren su ejercicio efectivo en ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales, fortaleciendo la libre determinación, la participación, la preservación de sus territorios y formas de organización, en cumplimiento con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, esta es una demanda urgente que no puede postergarse más.
9. Es urgente el establecimiento de medidas y acciones para una nueva relación del Estado con los Pueblos Indígenas, con mecanismos claros, medidas y acciones sustantivas que trasciendan las coyunturas electorales. Esto ya no es opción política sino una obligación legal e histórica de un país que se enuncia democrática.

Los pueblos indígenas no solicitamos privilegios. Exigimos el cumplimiento pleno del orden constitucional y convencional vigente. Es urgente dar pasos firmes hacia el cumplimiento pleno de los derechos indígenas. Alto a la discriminación racial. No buscamos permiso para ser lo que ya somos, buscamos que la Constitución deje de ser un espejo que no nos refleja.

México, 20 de marzo de 2026.

Atentamente

Indigenous Peoples Rights International, IPRI-México

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Chiapas

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero

Colectivo Emancipaciones, Michoacán

Colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij, CONAMI- ECMIA, Puebla

Consultoría Técnica Comunitaria, Chihuahua

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Yucatán

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Jalisco

Servicios para una Educación Alternativa A.C.-EDUCA, Oaxaca

Voces del Territorio- México.